miércoles, 28 de octubre de 2015

Frontera Sur: échale la culpa al muerto






Juan José Téllez




No son nadie. Los muertos. Algunos muertos. Espectros, simplemente, ectoplasmas sin identidad en un mundo copado por la fama y el poder. Gente sin nombre y sin historia. Los muertos. Los nadie. Los de la frontera sur, por ejemplo, que ni siquiera tienen derecho a que el Estado español desentrañe las causas y las posibles responsabilidades de su fin. Los muertos tienen la culpa, según un auto judicial recientemente dictado en Ceuta. La culpa de su muerte. Y, presumiblemente, la culpa de su vida.
Ya se veía venir. Hace poco menos de un mes, el juzgado de instrucción número 3 de los de Arrecife archivaba el caso de la patrullera de la Guardia Civil que arrolló a una patera, en Lanzarote, en diciembre de 2012: sólo fue rescatado el cuerpo sin vida de un joven marroquí, pero otros seis desaparecieron bajo las aguas. La embarcación fugitiva, en la que viajaban Jihad Zouyga, Nouredine Sadiki, Redouane Boulal, Hasan Mohandis, Rachid Amidane y Abdelali Elhajrani, fue sorprendida por la patrullera Cabaleiro cerca de la playa del Jabillo. Hay un video, despreciado por el juez, en el que puede verse como se inició la persecución de manera inmediata y como el patrón de la patera detiene su motor. La nave de la Guardia Civil, sin embargo, no aminoró la velocidad y pasó por encima del muerto, de los desaparecidos y de su barca, quienes por unos instantes intentaron mantenerse a flote, agarrados al clavo ardiendo de sus restos de naufragio.
En lugar de condenar aunque fuera por imprudencia temeraria a los guardias por el incumplimiento probado de una serie de protocolos, como el de utilizar una lancha auxiliar en dicha pesquisa, el magistrado cargó las tintas contra la acusación particular, con las siguientes palabras: “No alcanzamos a comprender, si no es de la óptica del oportunismo político y mediático, como se puede sostener una postura acusatoria y de imputación de la tripulación de la patrullera Cabaleiro”. ¿Está en contra su señoría de que pueda existir legítimamente dicha figura acusatoria? Tampoco parece aceptar de grado las normas que supuestamente se vulneraron en el curso del incidente, tal y como cabe deducirse de otro pasaje de su inquietante auto: “Se invocan reglamentos, “prevención de abordaje”, convenios con Servicio Marítimo de Rescate, protocolos de actuación etc. Y que se convierten en papel mojado ante las situaciones, que exceden cualquier normativa impuesta por el frio papel de la norma, cuando es el mar impone su orden y cuando alguien con una mínima experiencia en el mar es plenamente consciente que la Mar no se somete ni a regulaciones ni a protocolos , y las pautas de actuación vienen impuestas por ella”. Seguramente, Joseph Conrad y Helman Melville aplaudirían la parrafada, pero no así los familiares de los fallecidos. Otros nadie, sin uniforme ni rango, sin nombre ni presencia.
Lejos de cualquier atisbo de reconvención, por mínimo que fuere, el juez convirtió su auto en un encendido elogio al Instituto Armado: “Las partes acusadoras , al contrario que el Ministerio Fiscal, pretenden hacer de este procedimiento una causa general contra el Servicio Marítimo de la Guardia Civil , cuya dedicación, sacrificio y abnegación en estos servicios de rescate son incuestionables”. ¿Es que dicha dedicación, sacrificio y abnegación le impiden acaso cometer errores?
Ha vuelto a ocurrir. Una semana atrás, quedó archivado y sin efectos algunos el procedimiento judicial que investigaba la muerte de 15 personas el 6 de febrero de 2014 en un intento de entrada a Ceuta repelido por la Guardia Civil en aguas próximas a la frontera de El Tarajal. Ibrahim Keita, Armand Debordo, Dauda Dakole, Jeannot Flame, Joseph Blaise, Larios Fotio, Nane Roger Chimi, Ousman Kenzo, Oumar Ben, Samba Baye, Yves Martin y Youssouf, y otros tres jóvenes sin identificar. Los guardias, para repelerles, utilizaron pelotas de goma y botes de humo contra algunos inmigrantes que pretendían alcanzar la orilla. Hicieron lo correcto, opina Mari Carmen Serván, titular del juzgado número 6 de los de Ceuta, en su auto. Que faltan indicios, afirma; en espera eso sí, de que las ranas echen pelo o de que Marruecos –un reino que no suele ser propenso a la ternura oficial– conteste a una comisión rogatoria sobre las autopsias relativas a diez muertos de aquel día, que fueron enterrados al otro lado de la frontera.

Mientras la Fiscalía coincide tácitamente con la juez, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Observatorio DESC y la Coordinadora de Barrios han interpuesto esta semana otros tantos recursos de reforma contra el auto que decretó el sobreseimiento provisional de esa causa. ¿O era un recurso contra la perplejidad y el estupor? Si la jueza entiende que no existen indicios de que los guardias hicieran un uso inadecuado del material antidisturbios, visto lo visto en las imágenes de aquel día, difundidas por las fisuras de las redes sociales, habría que cambiar el manual de uso de tales armas disuasorias. ¿No debiera primar el criterio de ayudar a quien intenta ganar a nado y en son de paz una playa, en lugar de dispararles para hacerles volver grupas o hundirse en el mar?
La orden de servicio 15/11 sostiene explícitamente: “Caso de que prosigan el avance haciendo caso omiso a las indicaciones anteriores se podrá hacer uso de los medios antidisturbios, pelotas de goma y defensas, de que se dispone”. A ello se agarra la jueza, aunque nada diga la orden de la utilización de tales armas en el agua y, en cambio, tal y como recoge el propio auto, “el uso de los medios habrá de regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. ¿Fue congruente, oportuno y proporcional disparar a un puñado de espaldas mojadas? Los vídeos oficiales no le sirven a la jueza porque tienen baja calidad y por lo tanto gozan de un valor “limitado”. En uno de ellos se ve a un agente disparando pelotas de goma contra los nadadores. En el citado documento judicial, no aparece mención alguna sobre la cámara térmica situada en el Monte Hacho que registró al menos cinco lanzamientos consecutivos muy cerca de los inmigrantes que se limitaban a nadar sin mostrar más hostilidad que hacia la muerte. Tales datos se esfumaron del auto como si fueran botes de humo.
Había dieciséis guardias en el banquillo. Probablemente faltara quien diese la orden de disparar. Los altos mandos no suelen responder de sus disparates ni los guardias rasos tirar colectivamente del gatillo fácil de los cowboys en un día como aquel. No hay indicios de que fueran los agentes quienes provocaron sus muertes, pero tampoco de que se aprestaran a salvarles. Ni existe el más mínimo registro de que la Benemérita alertase para ello a Cruz Roja o a Salvamento Marítimo. Estaban demasiado ocupados jugando al pim pam pum. Eso sí, al menos uno de los agentes reclamó a sus mandos que enviasen pronto a los buceadores. Cuando llegó la embarcación de los submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas ya era tarde. El mar ya era, entonces, de nuevo el morir.
Lo extraordinario de este asunto es que la jueza sostiene que los guardias no están obligados a prestar auxilio en dicho trance, tal y como obligan otros protocolos distintos a los de Lanzarote: “Los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda en el sentido referido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y la Convención Internacional sobre SAR Marítimo”, reza en su auto.
La culpa de esas muertes, según ella, la tuvieron los muertos: “Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”.






Incluso pone en duda de que los cadáveres puedan corresponderse con los fallecidos aquel día y en base a la opinión del forense Ángel Macías, quien aseguró que no podía aseverarlo al cien por cien:”Por la data de las muertes y de las fechas en las que fueron apareciendo los cadávares no se puede afirmar que los fallecimientos se produjesen el día 6 de febrero de 2014 con motivo del intento masivo de entrar en territorio ceutí, ni si quiera el primer cadáver”, sostiene la titular de un juzgado que aprobó la rápida inhumación de los cuerpos localizados en Ceuta, sin que diera lugar a su identificación cuando “Caminando fronteras” y otras ONGs tenían localizados a algunos de sus familiares y a varios supervivientes de la aventura, cuyo ADN o cuyo testimonio hubieran servido para verificar sus nombres.
Pero olvidaban que no tienen derecho a nombre, ni a verdad judicial, ni a una investigación que merezca semejante consideración. Sencillamente, según pudiera sobreentenderse, murieron como consecuencia de un accidente o víctimas de un suicidio colectivo. Su secta, sin embargo, era la del hambre propia o la de la sed de horizontes.
Archivado por tanto aquel ir y venir entre España y Marruecos de dos muertos de nadie, aquel 6 de febrero: iban de un lado a otro sin que nadie quisiera quedarse con sus sueños tan descompuestos como su carne. Antes de archivar la investigación judicial, ya quedó sin efecto la investigación política. El PSOE e Izquierda Plural plantearon a la Junta de Portavoces del Congreso, que disuelve sus sesiones este lunes, la viabilidad de una comisión de investigación, pero el rodillo del PP lo impidió, a pesar de que las explicaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fueron tan rocambolescas entonces como el auto judicial ahora. En aquel momento, el secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, aseguró que la comisión de investigación era “innecesaria” por tres razones: “La primera, que el ministro ya dio cumplidas explicaciones. La segunda, que el Gobierno ha realizado un ejercicio de transparencia colgando en la web de Interior los vídeos de lo que sucedió esa noche. Y la tercera, que este caso está siendo investigado por los juzgados”. Silencio y punto en boca. Los muertos al hoyo y los vivos a seguir practicando devoluciones en caliente.
¿Será posible que estos casos acaben ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, tal como ocurrió en el caso de Lauding Sonko, inmigrante senegalés muerto en 2007 a manos de la Guardia Civil, cuando intentaba cruzar a nado hacia Ceuta y fue obligado a tirarse al mar sin saber nadar. El Estado español, en su defensa, explicó en su día que los hechos habían sido archivados por un juzgado de Ceuta, pero el Comité considera que “cabe al Estado parte explicar las circunstancias de la muerte del Sr. Sonko, toda vez que le han rescatado con del agua con vida. El Comité considera, asimismo, que independiente del hecho de que los guardias civiles hayan pinchado el flotador del Sr. Sonko o a qué distancia de la orilla lo hayan depositado, este fue dejado en condiciones que le causaran la muerte”. Ya que el comité observa que “los guardias civiles mantuvieron el control sobre las personas a bordo y eran por tanto responsables de su integridad”.
Lo cierto es que, en 2012, el Comité condenaba al Estado español por violación de los artículos 16 y 12 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Al mismo tiempo,instaba a España “a efectuar una investigación adecuada e imparcial de los hechos que se produjeron el 26 de septiembre de 2007, a perseguir y condenar a las personas responsables de esos actos y a conceder una reparación integral que incluya una indemnización adecuada a la familia del Sr. Sonko…” . Con semejante precedente, cabe preguntarnos como nuestros juzgados se arriesgan a resolver la papeleta de una forma tan superficial. Quizá porque el peso de la opinión pública española y europea, tanto en la crisis de las migraciones como en la de los refugiados, se arrime más a la orilla de la hipocresía que a la de la compasión real.
En el caso del senegalés, Elena Maleno, de “Caminando fronteras”, analizaba con plena certidumbre que “Sonko no estaba solo aquella madrugada del 26 de septiembre de 2007, las tres personas que le acompañaban, dos hombres jóvenes y una mujer de cincuenta y dos años, fueron deportadas al desierto, en la zona de Argelia, tras ser detenidas por las autoridades marroquíes. Así, se perdían los testigos de un hecho delictivo”.
Lo peor de todo esto es que la muerte de Sonko no fue provocada por unos guardias civiles actuando de forma arbitraria, sino por un cuerpo de seguridad que cumplía órdenes de la Delegación de Gobierno de Ceuta. Esta práctica era institucional, lo que dificultó las investigaciones del caso Sonko y provocó que nuestra justicia ordenase el archivo de las actuaciones derivadas del fallecimiento de Launding”. ¿Actuaron de nuevo los guardias del Tarajal por orden de un delegado del Gobierno que también incurrió en flagrantes contradicciones? ¿Ocurrió lo mismo en Lanzarote y los guardias del patrullero tenían el beneplácito de sus superiores para saltarse a la torera los protocolos esenciales de persecución?
¿Por qué murieron unos y otros? Por lo que vienen naufragando a miles los africanos en la frontera sur europea. Porque hemos fracasado a la hora de regularizar la inmigración de forma convencional y tampoco hemos tenido éxito a la hora de encauzar a los solicitantes de refugio. Sonko, por ejemplo, provenía de Casamance, en Senegal, una zona inmersa en conflicto y que podría haber solicitado protección internacional si las autoridades españolas hubieran respetado los procedimientos legales en materia de asilo, en lugar de establecer un laberinto físico y legal del que ni siquiera Icaro sería capaz de escapar con alas de cera. Antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un subsahariano por las oficinas de asilo que, a trancas y barrancas, abrieron sus puertas hace año y medio junto a las vallas de Ceuta y Melilla. De las cuatro mil solicitudes que se han tramitado en dicha encrucijada, apenas hay ninguna de individuos que procedan del polvorín de Africa central o del Africa atlántica, devastada por distintos tipos de terror desde Mauritania a Mali, Sudán del Sur, la República Centroafricana oNigeria –en clara situación de conflicto– o Senegal y otros países donde también podrían aplicarse medidas de refugio por distintas causas que aparecen claramente expresadas en la legislación internacional con la que se ha comprometido España. La segregación, por los motivos que fueren, alcanza tal calibre que ACNUR ha protestado púbblicamente por dicha costumbre y el Comité René Cassin ha cursado ya una denuncia al respecto ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas. Esta última acción legal ha sido presentada por Alberto Revuelta, el joven abogado que también asumió en su día la demanda por la muerte de Sonko. En esta ocasión, se basa en el caso de Abdoulaye Mara, un joven inmigrante de Mali que se encaramó a la valla melillense durante varias horas, gritando que quería pedir asilo sin que nadie atendiera a su petición. Cuando lo hicieron bajar a territorio español, antes de que la Guardia Civil lo devolviese maniatado y en caliente al otro lado de la frontera, volvió a insistir en su petición. Todo inútil.
Los solicitantes de asilo procedentes de Siria y de otros países del norte de Africa si logran llegar, mediante sobornos en territorio marroquí, hasta las oficinas españolas. Los negros, como allí se les llama, nunca. Unos y otros, con demasiada frecuencia, terminan reuniéndose en esa patria profunda a la que llamamos mar. Sus profundidades están llenas de cerrazón, de miedo, de fronteras cerradas, de corrupción y de autos judiciales que terminan culpándoles de su propia muerte, sin que nadie les proponga truco o trato.